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APLICACIÓN DEL RGPD EN EL CASO "PSG"

Según las informaciones reveladas por “Football Leaks” el pasado mes de octubre, el Paris Saint Germain, (PSG), equipo de fútbol de la capital francesa propiedad de un fondo de inversión qatarí, utilizó criterios de origen étnico y racial para el seguimiento de los fichajes de jóvenes para su centro de formación; según esta misma fuente, los encargados de captar futuras promesas por todo el país debían rellenar fichas en las que había un apartado sobre el origen de los jugadores, con cuatro opciones: francés, magrebí, antillano y africano.
Tras conocerse la noticia el Gobierno francés expresó su consternación por estos supuestos fichajes con criterios de origen étnico y pidió a la Federación Francesa de Fútbol y a la Ligue One que investigaran el caso lo antes posible. La ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, indicó en un comunicado que los hechos difundidos por la prensa, en caso de confirmarse, podrían ser objeto de "sanciones disciplinarias e incluso penales".

En fecha 19 de noviembre de 2018 hemos conocido que La Fiscalía de París ha abierto una investigación al París Saint-Germain por discriminar según el origen, etnia o nacionalidad a los jóvenes que fichaba para su centro de formación. El club también está siendo investigado por "colecta de datos de carácter personal a través de un medio fraudulento, injusto o ilícito", por "tratamiento de datos personales sin autorización" y por “registro o conservación de datos en los que directa o indirectamente aparecía el origen racial o étnico de los jugadores”.

Analizaremos, con la información revelada, las infracciones y posibles sanciones que podría tener el equipo parisino según el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión europea que entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018. Entendiendo que un club de fútbol de un país miembro de la Unión Europea se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento.
Éste, en su artículo 9, prohíbe expresamente el “tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física.

Según parece y a nuestro entender, las actuaciones referidas no se pueden enmarcar con las exenciones establecidas en el apartado 2 del mencionado artículo 9, como serían el consentimiento, intereses de derechos laborales o de seguridad social, protección de intereses vitales del interesado o cualquier otra persona física, interés público, medicina preventiva…

Por otro lado, los datos de los menores no son considerados por el Reglamento como uno de los datos sensibles recogidos en el mencionado artículo 9, pero se les da una especial protección en el considerando 38 del Reglamento donde se recoge: “Los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos personales. Dicha protección específica debe aplicarse en particular, a la utilización de datos personales de niños con fines de mercadotecnia o elaboración de perfiles de personalidad o de usuario, y a la obtención de datos personales relativos a niños cuando se utilicen servicios ofrecidos directamente a un niño. El consentimiento del titular de la patria potestad o tutela no debe ser necesario en el contexto de los servicios preventivos o de asesoramiento ofrecidos directamente a los niños.”

Nuestra normativa nacional, por ejemplo, hasta el día 25 de mayo consideraba que la madurez se producía desde los catorce años en adelante. Por tanto, los menores de dieciocho años que tuviesen catorce años o más, podían consentir el tratamiento de sus datos sin necesidad de requerir el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o su tutela.

Como bien decimos, esto era así hasta el pasado día 25 de mayo. Con la entrada en vigor del Reglamento europeo este límite de edad se ve afectado por el artículo 8 del mismo. Y se considera que serán legales los tratamientos de datos personales de aquéllos mayores de dieciséis años. El Reglamento deja abierto que sea la legislación nacional la que vaya a determinar esa edad mínima. Pero siempre y cuando no sea nunca inferior a los trece años. En Francia, caso que nos ocupa, se ha establecido en quince años la edad para poder prestar consentimiento autónomo. Según las informaciones recogidas, el consentimiento en ningún caso fue solicitado, ni a los menores ni a sus representantes legales. Además, este consentimiento, debe ser expreso y previo a la recogido de los datos.

Por todo ello, el Club parisino ha infringido la legalidad establecida en el marco de la Unión Europea a través del Reglamento Europeo de Protección de Datos y puede enfrentarse a las sanciones impuestas por la autoridad nacional francesa de Protección de Datos (CNIL) que, por una infracción de estas características, a los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9; se establecen unas sanciones de con multas de 20.000.000€ como máximo o, un 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía. Para la graduación de la sanción se tendrán en cuenta las circunstancias de cada caso individual como la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, la intencionalidad o negligencia, las categorías de datos afectadas por la infracción e, incluso, cualquier factor agravante o atenuante.

Como vemos, las sanciones establecidas en el Reglamento son de cantidades del todo disuasorias por su cuantía. Aunque los clubes de fútbol se muevan en una legalidad paralela y sujetos a normativas internas de entes internacionales, no escapan a esta normativa europea. Y, aunque sus presupuestos consistan en cantidades millonarias con gastos anuales que se encuentran fuera de toda lógica, una sanción de estas características, no cabe duda, les afectaría de manera muy grave tanto económica como reputacionalmente. Elementos éstos que debían haber sido tenidos en cuenta por la directiva del Club antes de proceder de forma presuntamente ilegal asumiendo los riesgos inherentes a dicho modo de actuar, riesgos que, además, se habrían podido mitigar con el establecimiento de un Programa de Compliance eficaz.

RECLAMACIÓN IRPF PRESTACIÓN POR MATERNIDAD

I. INTRODUCCIÓN.


La Sala Tercera del Tribunal Supremo en su sentencia N.º 1462/2018, de 3 de octubre, ha considerado que las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social están exentas de IRPF en virtud del artículo 7.h) de la LIRPF, el cual indica que estarán exentas de IRPF las prestaciones públicas como las de nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.
El Supremo entiende que su alcance "no se limita" a las concedidas por las comunidades autónomas o entes locales, como parece hacer entender el precepto, sino que abarca todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban.

II. DERECHO A RECLAMAR. PLAZOS.


a) Plazos


Pueden reclamar quienes hayan tributado en su Renta por estas prestaciones, de 2014 a 2017, ambos inclusive, solicitando la rectificación de la autoliquidación o autoliquidaciones y obtener la correspondiente devolución de ingresos indebidos y, asimismo, los intereses de demora.
Si su hijo ha nacido a finales de 2013, y ha cobrado baja maternal tanto en 2013 como en 2014, la parte del 2013 no se podrá recuperar, pero la parte del 2014 sí. Es importante resaltar que aquí importa en qué declaración de la Renta sale el pago porque se haya percibido la prestación.
El plazo para solicitar la rectificación del ejercicio de 2014 expiraría transcurridos 4 años desde el cierre de campaña, es decir, el 30 de junio de 2019, y así con el resto de los ejercicios: el del ejercicio de 2015 expiraría el 30 de junio de 2020 y así sucesivamente.


b) Devoluciones inviables o no rentables


Es importante saber que no podrán solicitar la devolución quienes tengan liquidaciones firmes, es decir, que no se encuentren en el plazo anteriormente descrito.
Para las contribuyentes con solicitudes de rectificación de declaraciones que hayan sido desestimadas con anterioridad a la fecha de la sentencia, la Agencia Tributaria contempla dos supuestos:
-Si el recurso todavía se encuentra pendiente de resolución, será el correspondiente órgano revisor el que se pronuncie sobre la aplicación al caso de la doctrina del Supremo, con lo cual es muy probable que se obtenga una resolución satisfactoria.
-Por otro lado, si la resolución desestimatoria de la solicitud de rectificación de la declaración hubiera adquirido firmeza, no será susceptible de revisión en ninguna instancia y no procederá devolución alguna, en palabras de la Agencia Tributaria.
Por su parte, existen casos de escasa rentabilidad. Y a su vez, no todos los casos en que se hayan percibido prestaciones por maternidad tendrán derecho a devoluciones. Por ejemplo, las mujeres con sueldos inferiores a los 14.000 € anuales prácticamente no se verán beneficiadas por ausencia de retenciones a cuenta del IRPF.


c) Datos de interés


Por su parte, quienes no presentaron declaración por no estar obligadas ahora sí podrían presentar declaraciones extemporáneas para recibir las devoluciones.
Por último, en relación con las prestaciones públicas por maternidad percibidas a lo largo del 2018, la Agencia Tributaria ofrecerá en la próxima campaña de la Renta los datos fiscales e incorporará tales prestaciones como rentas exentas.
Hay que tener en cuenta que hay hijos que darán lugar a solicitar la rectificación de dos ejercicios de IRPF.

III. CUANTÍA A RECUPERAR.


Dependerá del caso concreto. Como hemos dicho, para rentas anuales bajas será más escasa o directamente poco rentable. El importe a reclamar para una declaración de 24.000 € anuales suele estar en torno a los 1.000 €, y para otras rentas, normalmente tendrá un máximo de 2.800 €.
El importe retenido por IRPF puede apreciarse en la propia declaración, en el apartado relativo a rendimientos del trabajo, o incluso en el propio certificado del INSS. No obstante, debería rehacerse la declaración sin incluir esta prestación, y calcular la diferencia con la realizada en el ejercicio correspondiente, siendo esta diferencia la cuantía a reclamar.
En cualquier caso, el propio formulario que habilitará la Agencia Tributaria lo calculará automáticamente.

IV. PLAZO DE RESOLUCIÓN.


El plazo máximo de que dispondrá la Agencia Tributaria como órgano administrativo será de 6 meses. Si no se recibe respuesta en ese plazo, habrá que interponer los recursos correspondientes.

V. CÓMO RECLAMAR.


El procedimiento adecuado será el de rectificación de autoliquidación de la Renta y devolución de ingresos indebidos, junto con intereses de demora.
La Agencia Tributaria ha aclarado en diversos comunicados que habilitará un formulario para la reclamación que la generará de forma automática, y que estará disponible a la mayor brevedad en su página web. Además, el formulario también estará disponible en todas las oficinas de Hacienda.
En su defecto, podrá realizarse mediante escrito a la AEAT y, respecto al IRPF de 2016 y 2017, se podrá hacer en la misma Renta web en la página de la AEAT.
En el formulario se deberán indicar los años en los que se percibió la prestación y un número de cuenta bancaria donde se abonará la devolución en caso de que proceda.
Se calculará a cada contribuyente la cuantía de la devolución y habrá que acordar con la Seguridad Social que el INSS desglose la información correspondiente. Tras rellenar el formulario, se recibirá una notificación vía SMS o por correo, para posibilitar el acceso al cálculo y a una opción para confirmar la rectificación de su declaración.
En dicho comunicado, se afirma que no será necesario adjuntar a la solicitud un certificado de la Seguridad Social de las prestaciones percibidas puesto que en cada caso la AEAT recabará directamente de la Seguridad Social toda la información precisa para la resolución del procedimiento.
En caso de que la solicitud sea considerada procedente, los técnicos explican que el órgano competente de la AEAT practicará una liquidación provisional que rectificará la declaración presentada y en unos meses devolverá la cantidad indebidamente cobrada más los intereses de demora que correspondan.
Los técnicos sostienen que la solicitud de rectificación de la autoliquidación también puede realizarse de forma telemática, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, mediante el procedimiento Rectificación de autoliquidaciones de Gestión Tributaria, siempre y cuando se disponga de un certificado electrónico.

VI. DOCUMENTACIÓN NECESARIA.


Si bien el formulario previsto a priori no requerirá documentación alguna, recomendamos tener “a la mano” la siguiente documentación, para posibles cálculos, pues alguna de ella podría ser necesaria de cara a la reclamación o, incluso, ante el supuesto de denegación de la misma:
-La resolución del INSS donde se acredite el importe cobrado por la prestación de maternidad.
-La declaración de la renta presentada de los años en que se cobró la prestación (ejercicios de 2014 a 2017).
-Certificado de titularidad de cuenta bancaria donde se desee obtener la devolución.
-Certificado electrónico, si se desea realizar el trámite de esta forma.

VII. ASESORAMIENTO JURÍDICO.


Ante cualquier consulta o asesoramiento jurídico que desee recabar sobre la materia, no dude en contactar con nosotros, estaremos encantados de poder ayudarle.

El transporte gallego premia a Andrés Ayala

   La Federación Gallega de Transportes de Mercancías (FEGATRAMER) rinde al abogado de Cartagena, Andrés Ayala, un homenaje por su compromiso con los representantes de la FEGATRAMER cuando en su día se trasladaron a Madrid para promover la introducción de la llamada Acción Directa del Transporte en la "Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancía".

 

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Noticia La Opinión de Cartagena

La banca debe tener listo hoy el mecanismo para reclamar las cláusulas suelo. (ABC)

Hoy martes 21 de febrero acaba el plazo dado por el Gobierno para que el sistema financiero español ponga en marcha las medidas necesarias con las que dar cumplimiento al sistema extrajudicial para devolver las cláusulas suelo.

El Ejecutivo aprobó el pasado 20 de enero un Real Decreto Ley que establecía un mecanismo alternativo a la justicia y gratuito por el que los clientes podían reclamar y recibir la devolución de los importes cobrados de más por las cláusulas suelo abusivas, y ello, en un plazo máximo de tres meses.

La norma, que entró en vigor un día después de su aprobación por parte del Consejo de Ministros, fijaba que las entidades financieras tenían un plazo de un mes para poner en marcha las medidas que fueran necesarias para dar cumplimiento a este procedimiento.

http://www.abc.es/economia/abci-banca-debe-tener-listo-mecanismo-para-reclamar-clausulas-suelo-201702211730_noticia.html

 

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